La comunidad de Alitayen protesta en Manaure y señala a Hocol por tensiones sociales

Imagen: miembros de la comunidad de Alitayen durante manifestación por derechos territoriales y respeto al territorio wayuu.

Manaure, La Guajira. Desde diciembre de 2025, la comunidad indígena wayuu de Alitayen mantiene una jornada de protesta en el acceso a la Planta Ballena, infraestructura encargada de recibir el gas del proyecto Sirius, antes denominado Uchuva-2. La movilización se desarrolla en el área de influencia directa de la operación a cargo de Hocol, filial de Ecopetrol, y se sustenta en reclamos por compensaciones, beneficios sociales y participación comunitaria.

El proyecto Sirius adquiere relevancia nacional tras el anuncio realizado en diciembre de 2024 por Ecopetrol y Petrobras, que confirmaron en el pozo Sirius-2 el mayor descubrimiento de gas en la historia del país, con volúmenes superiores a 6 terapies cúbicos. El hallazgo, ubicado en el Caribe colombiano, podría incrementar en un 200 % las reservas actuales de gas y contempla una inversión cercana a los USD 4.100 millones entre las fases de exploración y desarrollo.

Imagen: tomada del comunicado oficial en el que Ecopetrol y Petrobras anunciaron el descubrimiento del pozo Sirius-2, considerado el mayor hallazgo de gas del país. Ecopetrol, diciembre de 2024.

Los habitantes de Alitayen señalan que, pese a la magnitud del proyecto energético, las condiciones de vida en el territorio siguen marcadas por la pobreza estructural y la falta de inversión social. Según voceros comunitarios de Alitayen, la proyección de extracción alcanzaría los 70 millones de metros cúbicos de gas. A partir de cálculos realizados por líderes locales, el valor de esa producción ascendería a cerca de 52 billones de pesos diarios, una cifra que contrasta con la precariedad de los asentamientos cercanos a la planta.

Reclamos y ausencia de diálogo

Entre las solicitudes elevadas a Confipetrol, empresa contratista de Hocol, la comunidad ha planteado la vinculación laboral de habitantes de la zona, la ejecución de proyectos de desarrollo social, la implementación de planes de manejo ambiental y la instalación de mesas técnicas para definir una ruta de inversión social. Según voceros de la comunidad, aunque las mesas han sido convocadas, no han derivado en acuerdos ni medidas efectivas.

Los líderes señalan que, hasta el momento, la respuesta estatal se ha concentrado en el control del orden público, sin avances visibles en espacios de diálogo ni en soluciones estructurales a los reclamos.

Desde Hocol se ha manifestado que, en el desarrollo de esta situación, las entidades del Estado han reducido su intervención a un papel marginal, trasladando a la empresa la gestión casi total del conflicto, sin que se haya establecido una mediación institucional articulada que permita encauzar el diálogo entre las partes.

Un fallo judicial

El conflicto cuenta con un antecedente jurídico relevante. El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 22 de noviembre de 2023 (Radicado 44-001-23-40-000-2022-00042-00), amparó los derechos colectivos de la comunidad de Alitayen.

En el fallo, cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada María del Pilar Veloza Parra, se ordenó a la Nación, al Ministerio del Interior y a la Alcaldía de Manaure dar continuidad al “Acuerdo de Convivencia Pacífica”, garantizar la seguridad y la identidad cultural de los habitantes, y conformar un comité de verificación con participación de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, encargado de supervisar el cumplimiento de las órdenes impartidas.

Presencia institucional limitada

A pesar de la orden judicial, líderes comunitarios reportan dificultades en el acompañamiento institucional. En comunicaciones recientes, la Defensoría del Pueblo en La Guajira informó que restricciones presupuestales han impedido el desplazamiento de delegados al territorio.

Según lo señalado por la defensora regional, los recortes presupuestales han derivado en la terminación de contratos y en la imposibilidad de autorizar comisiones de servicio para personal administrativo y técnico durante 2026, lo que ha reducido la capacidad operativa de la entidad en zonas rurales y de conflicto social.

Advertencia sobre el suministro de gas

A este escenario se suma un reporte institucional de la Personería de Manaure. Según un informe fechado el 13 de enero de 2026, la Personería Regional Guajira participó en un Puesto de Mando Unificado (PMU) convocado por la Secretaría de Gobierno departamental y la Secretaría de Gobierno de Manaure, con el fin de abordar el conflicto entre la comunidad de Alitayen y las empresas Hocol, Petrobras y Ecopetrol, vinculadas al Complejo de Gas Ballena.

De acuerdo con el reporte, la comunidad solicita participación y compensaciones por las actividades que se desarrollan en su territorio y ha advertido que, de no alcanzarse acuerdos, podría recurrir a vías de hecho, entre ellas el cierre de la válvula del gasoducto.

El documento señala que la Defensoría del Pueblo actúa actualmente como garante del proceso. El PMU fue cerrado dejando abierta la posibilidad de diálogo entre las partes, a la espera de una nueva convocatoria para mesas de diálogo y mediación que permitan superar las diferencias.

La Personería advierte que, de no lograrse un acuerdo, el conflicto podría afectar el suministro de hasta el 70 % del gas del país, dado que el Complejo de Gas Ballena —ubicado en el corregimiento de El Pájaro, municipio de Manaure— abastece una parte mayoritaria de la demanda nacional.

Denuncia sindical

En paralelo, la Unión Sindical Obrera (USO), a través de su Frente Obrero en La Guajira, emitió una denuncia pública contra Confipetrol en el contexto de su ingreso al contrato Hocol–Ecopetrol. En el comunicado, la organización sindical sostiene que, desde el inicio de sus operaciones, la empresa habría generado escenarios de confusión y desinformación, reactivando tensiones entre comunidades, asociaciones, trabajadores y la organización sindical.

La USO advierte que estas prácticas podrían afectar la paz laboral, la convivencia comunitaria y la seguridad de los trabajadores, además de vulnerar principios de buena fe, transparencia y responsabilidad social empresarial en un territorio que califica como históricamente sensible. La organización hizo un llamado a las comunidades y a los trabajadores para verificar la información que circula y acudir directamente al sindicato ante cualquier duda o versión atribuida a su nombre.

Finalmente, responsabilizó a Confipetrol por cualquier escalamiento innecesario del conflicto social y exigió un cambio en su forma de actuar, priorizando el diálogo transparente y colectivo con los actores del territorio.

Comunicado de la Unión Sindical Obrera (USO) en el que la organización denuncia presuntas irregularidades de la empresa Confipetrol en el marco del contrato Hocol–Ecopetrol en La Guajira. Documento fechado en Riohacha el 15 de enero de 2026.

Un conflicto abierto

Al cierre de esta edición, las actividades de extracción y procesamiento continúan en la zona, mientras la comunidad de Alitayen permanece en el acceso a la Planta Ballena a la espera de respuestas concretas por parte de la empresa operadora y del cumplimiento efectivo del fallo judicial por parte de las entidades responsables.

Este es el primer capítulo de una serie que indaga por los impactos sociales, ambientales e institucionales del proyecto Sirius en La Guajira, así como por las tensiones entre desarrollo energético, derechos colectivos y presencia del Estado en territorios históricamente excluidos.