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Denuncian irregularidades en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Tejiendo Saberes de Uribia

  • Foto del escritor: Verboclaro
    Verboclaro
  • 25 may
  • 2 Min. de lectura



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Por: Verboclaro


Según una denuncia presentada tras la auditoría realizada por la Secretaría de Educación Municipal entre el 8 y el 12 de mayo de 2025, la Institución Etnoeducativa Integral Rural Tejiendo Saberes, con sede en el municipio de Uribia, presenta inconsistencias en su matrícula y condiciones de infraestructura.

La institución fue creada mediante el Decreto 089 del 30 de diciembre de 2020.


De acuerdo con registros del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el número de estudiantes matriculados pasó de 2.005 en 2022 a 6.010 en febrero de 2025, y luego fue ajustado a 5.465. El mismo sistema reporta que aproximadamente el 80% del estudiantado registrado corresponde a menores de nacionalidad venezolana o provenientes de otros municipios, especialmente Maicao.


La institución opera ocho sedes: Walakali 1, Kijotchon, Sukuluwou, Masamana, Rosamana, San Luis, Tankamana y Polulaput. Dos de estas obtuvieron código DANE en 2025. En conjunto, estas sedes reportan la siguiente distribución de matrícula:


  • Walakali 1: 1.075

  • Kijotchon: 1.322

  • Sukuluwou: 156

  • Masamana: 815

  • Rosamana: 436

  • San Luis: 668

  • Tankamana: 571

  • Polulaput: 422


La denuncia señala que estas sedes no disponen de infraestructura adecuada para la atención educativa, y se registran carencias como la falta de pupitres, tableros, comedores y baterías sanitarias. También se informa que la contratación de la canasta educativa en febrero de 2025 se realizó con base en la cifra de 6.010 estudiantes. Esta contratación habría sido autorizada por la Secretaría de Educación Municipal, que estaba al tanto del ajuste posterior a 5.465 estudiantes.


Durante la auditoría, se observaron estructuras provisionales y la presencia de menores procedentes de otras comunidades. La denuncia plantea preguntas sobre si estos traslados fueron realizados para coincidir con la auditoría y justificar los datos de matrícula.


Adicionalmente, se menciona el caso de una persona adulta registrada en el sistema como estudiante —Yusemir Johan Abreu Insiarte— quien también figura como funcionario encargado del registro de partidas de nacimiento venezolanas. Se reportan posibles duplicaciones en documentos de identidad.


En el componente de contratación, la Alcaldía de Uribia adjudicó servicios como la canasta educativa y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a la Unión Temporal Akanaaja, conformada por la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Sulujeetuu Anakat.


Según la denuncia, dicha asociación estaría relacionada con personas del núcleo familiar de funcionarios municipales. Una auditoría realizada por la administración municipal a finales de 2024 concluyó que no existían irregularidades, aunque la denuncia señala que esta verificación se realizó mediante revisión documental en las instalaciones de la institución, sin visitas a las sedes educativas. La solicitud final contenida en el documento recomienda realizar visitas sin previo aviso a las sedes con el fin de constatar presencialmente la información reportada en los sistemas oficiales.

 
 
 

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